Trump quiere privatizar el control de seguridad de los aeropuertos en su nuevo presupuesto
El presidente Trump ha presentado su presupuesto para 2027 y ha incluido una medida que puede cambiar para siempre cómo viajamos: empezar a privatizar el TSA, el organismo que revisa nuestros equipajes y nos hace pasar por los escáners en los aeropuertos.
La idea es obligar a los aeropuertos pequeños a contratar empresas privadas para hacer estos controles, en lugar de empleados públicos. Según el gobierno, así se ahorrará dinero y se mejorará un servicio que lleva años colapsado.
¿Qué es el TSA y por qué quiere deshacerse de él?
El TSA (Transportation Security Administration) es el encargado de revisarte antes de subir al avión: te piden la tarjeta de embarque, te pasan la maleta por el escáner y te hacen quitarte el cinturón. Ahora Trump quiere que esas tareas las hagan empresas privadas pagadas con dinero público.
Solo 20 aeropuertos en todo el país ya usan este sistema, llamado Screening Partnership Program. El plan obligaría a unirse a todos los aeropuertos pequeños, abriendo la puerta a que más grandes hagan lo mismo y, finalmente, desaparezca el control estatal.
El TSA está en quiebra técnica y nadie le salva
El problema no es nuevo: el Congreso lleva meses sin aprobar el dinero para el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el TSA. Los demócratas piden reformar la patrulla de fronteras ICE y los republicanos se niegan. Resultado: colas kilométricas en los aeropuertos y agentes trabajando sin cobrar.
Trump intentó solucionarlo mandando agentes de ICE a ayudar y firmando una orden para pagar a los empleados del TSA, pero la Constitución dice que solo el Congreso puede decidir dónde va el dinero, así que la jugada está en entredicho.
Más armas y menos ayudas sociales
Mientras el TSA se privatiza, el presupuesto reserva 1,5 billones de dólares para el ejército, la cifra más alta de la historia moderna. También quiere 152 millones para reabrir la mítica prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963.
Para financiar esto, recortarán 2 000 millones en ayuda humanitaria, 393 millones en programas de vivienda y 1 200 millones del programa Food for Peace, que da comida a gente pobre en otros países.