Vandalismo contra Radares de Velocidad: La Guardia Civil Pide Vigilancia Adicional

En Madrid, un creciente descontento con los radares de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha derivado en actos de vandalismo contra estos dispositivos. La situación ha llegado a ser tan grave que la Guardia Civil ha solicitado una mayor vigilancia en las zonas más afectadas. Desde hace más de un año, se han registrado numerosos incidentes de destrucción, desde el uso de pintura para cegar los radares hasta su completa destrucción con herramientas o incluso la introducción de objetos dentro de ellos. Estos actos vandálicos afectan principalmente a radares de cabina ubicados en puntos estratégicos como la M-607 y la M-505, donde algunos dispositivos han sido reparados repetidamente para luego volver a ser vandalizados.

El coste de reparar un cinemómetro fijo puede superar los 70.000 euros, mientras que un radar de tramo alcanza los 66.000 euros. Esta elevada inversión se justifica por la sofisticada tecnología que incorporan estos dispositivos, como sistemas de reconocimiento de caracteres, sincronización GPS y cámaras láser.

Quienes cometen daños a bienes públicos pueden enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años, según el Código Penal. A pesar de las consecuencias legales, se han producido detenciones relacionadas con la destrucción de radares, e incluso algunos infractores han recurrido a campañas de crowdfunding para cubrir los costes de reparación. La DGT ha experimentado un incremento significativo en la recaudación por sanciones, superando los 540 millones de euros en el año 2025.

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¿Por qué los radares de velocidad en Madrid desatan la furia de algunos conductores?

La creciente frustración de muchos madrileños con los radares de velocidad de la DGT ha provocado un aumento preocupante de los actos de vandalismo. Esta situación, que se ha prolongado durante más de un año, ha llevado a la Guardia Civil a solicitar una mayor vigilancia en las zonas más afectadas. Los radares de cabina instalados en puntos clave como la M-607 y la M-505 son los más vulnerables a estos actos vandálicos.

El vandalismo se manifiesta de diversas formas: desde el uso de pintura blanca para cegar las cámaras hasta la destrucción física de los dispositivos con herramientas o incluso la introducción de objetos dentro de ellos tras romper el cristal. Un caso particularmente ilustrativo es el del radar de la M-505, entre Galapagar y El Escorial, que sufrió daños antes incluso de comenzar a multar. La reparación de estos cinemómetros fijos puede alcanzar los 70.000 euros, una cifra considerable que refleja la complejidad tecnológica de estos dispositivos.

La Guardia Civil pide refuerzo ante el aumento del vandalismo en los radares

Ante la creciente frecuencia de los actos vandálicos contra los radares de velocidad, la Guardia Civil ha solicitado una mayor presencia policial en las zonas más conflictivas. Esta medida busca disuadir a los infractores y garantizar la seguridad de los dispositivos. La dificultad para controlar este tipo de delitos radica en la gran cantidad de radares de velocidad instalados en España: cerca de 4.000, distribuidos por todo el territorio nacional.

La DGT ha respondido a esta situación reforzando el número de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana en los puntos más sensibles. Esta actuación se suma a las medidas ya implementadas para garantizar la seguridad vial, pero no ha evitado un aumento significativo en los daños a los cinemómetros fijos y de tramo. La reparación de cada uno de estos dispositivos puede costar alrededor de 67.000 euros para los radares fijos y 66.000 euros para los de tramo.

¿Cuáles son las consecuencias legales de destruir un radar de velocidad en España?

La destrucción de bienes públicos, como los radares de velocidad, está tipificada como delito en el Código Penal español. Quienes cometan estos actos pueden enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años y multas económicas. Además de las consecuencias legales, la destrucción de un radar supone un coste económico considerable para la administración pública.

A pesar de las sanciones, se han producido detenciones relacionadas con la destrucción de radares en diferentes regiones de España. Algunos infractores incluso han recurrido a campañas de crowdfunding para cubrir los costes de reparación. En el año 2025, la DGT recaudó cerca de 540 millones de euros en sanciones por radares fijos, de tramo y móviles, lo que demuestra la importancia de estos dispositivos como medida de seguridad vial.