Revolut obligado a entregar datos de 304 suscriptores de IPTV pirata tras orden judicial irlandesa
El Tribunal Superior de Irlanda ha dictado una sentencia sin precedentes que obliga a Revolut Bank UAB a entregar a Sky los datos personales de 304 suscriptores y 10 revendedores vinculados a la IPTV pirata conocida como IPTV is Easy. La medida busca desenmascarar a quienes pagan suscripciones ilegales para ver eventos deportivos gratuitos. Según la información judicial, la cuenta de Revolut utilizada por los operadores piratas recibió 118.992 € en tres años y medio. En un país de 5 millones de habitantes, se estima que alrededor de 400.000 usuarios utilizan servicios de IPTV pirata, lo que subraya la magnitud del problema.
Revolut bajo presión: la orden judicial que cambió el juego
La orden judicial llegó después de que Sky y otras plataformas de deportes solicitaran a Revolut la información de usuarios que accedían a contenidos mediante IPTV pirata. El tribunal consideró que los datos bancarios y de identificación estaban disponibles en la cuenta de Revolut que gestionaba los pagos de los revendedores, lo que permite a las autoridades identificar a los suscriptores y perseguir legalmente la actividad ilícita.
¿Cuántos usuarios están en la mira? El alcance de la piratería en Irlanda
Irlanda, con una población de poco más de cinco millones, enfrenta una de las mayores concentraciones de usuarios de IPTV pirata en Europa. Según estimaciones, cerca de 400.000 personas utilizan este tipo de servicios, lo que representa casi el 8 % de la población total. La sentencia contra Revolut pretende crear un efecto disuasorio, mostrando que incluso los pagos realizados a través de fintechs pueden ser rastreados y entregados a los titulares de derechos.
El impacto en la industria: cómo Sky y otros luchan contra el streaming ilegal
Para los operadores legales como Sky, Premier Sports, GAA+ y LOITV, la decisión abre una nueva vía para combatir la piratería de eventos deportivos. Al obtener nombres, direcciones y datos bancarios, pueden iniciar acciones legales contra los suscriptores y revendedores, reduciendo la oferta de contenido gratuito ilegal. Este caso también envía una señal a otras plataformas financieras de que cooperar con órdenes judiciales será obligatorio cuando se trate de proteger la propiedad intelectual.