Policía de Hong Kong exige contraseñas y descifrado de móviles, ¿qué riesgos para la privacidad?

En Hong Kong la policía ahora puede exigir la entrega de contraseñas y la asistencia para descifrar móviles y ordenadores bajo la Ley de seguridad nacional. Desde el 23 de marzo de 2026, negarse a cumplir este requerimiento se considera delito penal, con penas de hasta un año de prisión y multas de 100.000 dólares de Hong Kong (alrededor de 11.000 euros). Si se aporta información falsa, la sanción puede llegar a tres años de cárcel y multas de 500.000 dólares (cerca de 55.000 euros). La medida afecta a residentes, extranjeros y viajeros en tránsito, sin excepción.

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¿Qué implica la nueva obligación de entregar contraseñas?

Desde el 23 marzo de 2026 la normativa de seguridad nacional en Hong Kong otorga a la policía la facultad de solicitar tanto el código de desbloqueo como cualquier método de descifrado de dispositivos electrónicos. La obligación recae no solo sobre el titular del móvil o el ordenador, sino también sobre quien tenga acceso autorizado o conozca las claves. Esta medida se aplica en investigaciones vinculadas a la seguridad del Estado, sin requerir orden judicial previa.

El incumplimiento se tipifica como delito penal y conlleva penas de hasta un año de prisión y multas de 100.000 dólares de Hong Kong (aproximadamente 11.000 euros). Si la persona brinda información falsa o engañosa, la sanción puede incrementarse a tres años de cárcel y multas de 500.000 dólares (cerca de 55.000 euros). Estas penas buscan disuadir la resistencia y asegurar la colaboración de los investigados.

¿A quiénes afecta la exigencia de contraseñas?

La normativa no discrimina entre ciudadanos y visitantes; cualquier persona que se encuentre en Hong Kong, ya sea residente, turista o pasajero en tránsito por el aeropuerto internacional, está sujeta a la obligación de proporcionar las contraseñas y colaborar con el descifrado. Incluso los usuarios que solo controlen temporalmente un dispositivo o que lo hayan adquirido de forma ajena pueden ser requeridos si la autoridad considera que el equipo está vinculado a una investigación de seguridad nacional.

Además, la obligación se extiende a quien tenga autoridad para acceder al dispositivo, aunque no sea el propietario directo. Esto incluye a empleados que gestionen equipos corporativos, familiares que compartan contraseñas o cualquier persona que conozca los datos de desbloqueo. La medida permite a las fuerzas de seguridad incautar y conservar los aparatos como prueba, reforzando el alcance de la investigación más allá del simple acceso puntual.

¿Qué implicaciones tiene para la privacidad y profesionales?

Una de las facetas más controvertidas de la reforma es su aplicación a profesionales sujetos a deberes de confidencialidad, como periodistas, médicos o abogados. La normativa permite exigir la entrega de información aun cuando exista una obligación legal de protegerla, lo que pone en riesgo la seguridad de fuentes y pacientes. Esta capacidad de forzar la divulgación sin autorización judicial genera tensiones con los principios de libertad de expresión y derecho a la privacidad.

Expertos en derecho han calificado la medida como desproporcionada, al otorgar poderes amplios a la policía sin supervisión judicial. Argumentan que la falta de control puede erosionar las garantías de derechos humanos consagradas en la Ley Básica de Hong Kong. La controversia ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles, y plantea dudas sobre el futuro de la protección de datos personales en la región.