lobo ibérico: la batalla entre la conservación y los ganaderos
En España se está intentando proteger al lobo ibérico, pero los ganaderos tienen ideas muy distintas. Hace poco, una loba de seis años llamada Raksha viajó desde Lezaun, en Navarra, hasta el Zoobotánico de Jerez de la Frontera para ayudar al programa de reproducción iniciado en 1995.
El último censo nacional muestra que España cuenta con 333 manadas, lo que equivale a unos 1.600-1.700 individuos, un aumento del 12 % respecto al censo anterior. La mayoría se concentra al norte del río Duero, pero se observa una expansión hacia el sur y el este. Aún falta llegar a 500 manadas para garantizar una buena variabilidad genética.
Mientras tanto, los ganaderos sufren ataques al ganado y el Estado gasta 20 millones de euros al año en cercas, perros mastines y compensaciones. En Lugo se registraron más de 1.400 animales afectados. La gestión de las comunidades autónomas ha sido criticada por falta de transparencia y por no cumplir con la Estrategia Nacional de 2022.
El lobo ibérico está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohíbe su captura y destrucción del hábitat. Sin embargo, en febrero de 2026 el Tribunal Supremo endureció los requisitos para la caza, priorizando alternativas no letales y limitando la extracción de lobos.
¿Por qué el lobo ibérico está en el ojo del huracán?
El lobo ibérico es una especie protegida, pero su presencia provoca conflictos con los ganaderos que sufren pérdidas económicas. La tensión aumenta cuando el gobierno mantiene la calificación de “desfavorable” y la comunidad autónoma de Galicia denuncia la falta de fondos.
Los ganaderos y sus 20 millones de euros de defensa
Para proteger su ganado, el Estado destina 20 millones de euros anuales a cercas, perros mastines y compensaciones. Aun así, en la provincia de Lugo se registraron más de 1.400 animales afectados, lo que demuestra que la medida no es suficiente.
La sentencia del Tribunal Supremo: ¿el fin de la caza?
En febrero de 2026 el Tribunal Supremo cambió la normativa, dificultando la caza de lobos y obligando a usar métodos no letales. Esta decisión ha generado protestas en el norte de España, donde los ganaderos amenazan con denunciar al gobierno ante la Unión Europea.